La diputada local de Morena en Querétaro, Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que adiciona el artículo 220 bis con la que busca incrementar las sanciones para quienes tengan vínculos con los llamados carteles inmobiliarios y del agua, relacionadas con conductas relacionadas con el despojo de tierras e inmuebles, el uso ilícito del agua y la manipulación de permisos, catastros y usos de suelo. La legisladora sostuvo que la propuesta busca trasladar al ámbito estatal la discusión sobre el combate a la infiltración del crimen organizado y, al mismo tiempo, atender problemáticas que, afirmó, han afectado históricamente a Querétaro.
La creación del artículo plantea sanciones que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión, además de multas, destitución e inhabilitación, dependiendo de las conductas que sean acreditadas por las autoridades correspondientes.
“ya no solamente estos vínculos del narco, sino también vínculos que tuvieran que ver estas personas que por años han saqueado el estado de Querétaro con el cartel inmobiliario, con el cartel del agua.
Los que se han por año hecho ricos por tierras donde han despojado a las y los ciudadanos de una manera arbitraria y de manera ilegal”.
La diputada explicó que entre los supuestos que pretende incorporar se encuentran aquellos relacionados con el despojo de tierras o inmuebles, el uso ilícito y abuso del agua, así como la manipulación de permisos, catastros y usos de suelo con fines de beneficio particular.
“las personas que pudieran tener despojo de tierras o de inmuebles, que eso es algo que aquí en Querétaro se ha dado mucho históricamente que son las familias del poder y que son las familias que se han han han cansado de estar robándole las tierras a las y los queretanos, el uso ilícito del abuso del agua, este cartel del agua que tenemos aquí en el estado de Querétaro y que hoy tenemos que cerrarle la llave a estas familias para que dejen de estar abusando del agua de las y los querétaros.”
La legisladora vinculó su propuesta con las modificaciones realizadas en mayo pasado en el Congreso de la Unión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionadas con la verificación de la integridad de las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
De acuerdo con la diputada, mientras la legislación federal busca prevenir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, su propuesta pretende establecer responsabilidades y sanciones dentro del ámbito estatal, no solamente para quienes busquen llegar a un cargo público, sino también para quienes ya ejercen funciones y pudieran utilizar el poder para favorecer intereses particulares.
La legisladora lamentó que ningún representante de Acción Nacional acudiera al llamado que hiciera público, más no personalizada a través de los medios oficiales a legisladores locales y federales de acción nacional para suscribir e ingresar la iniciativa de ley.