Con el firme objetivo de blindar la labor docente y garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores de la educación, arrancaron los foros de análisis de la iniciativa “Garantías al debido Proceso y Fortalecimiento de la Seguridad Jurídica para las y los Trabajadores de la Educación”. Estos encuentros, encabezados por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura, tuvieron sus primeras sedes en los municipios de Jalpan de Serra, Pedro Escobedo y Corregidora, donde maestros de diversos niveles educativos aportaron su experiencia para robustecer este marco normativo.
El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, destacó que la prioridad de esta serie de 14 foros es generar certidumbre para quienes transforman la realidad del estado desde las aulas. La iniciativa, conocida coloquialmente como «Ley Tere» y propuesta originalmente por la diputada Claudia Díaz Gayou, busca evitar que señalamientos falsos o denuncias infundadas afecten la trayectoria profesional, la estabilidad laboral o la integridad emocional de los docentes.
“Su experiencia transforma realidades, construyamos juntos el futuro de la educación. Esta iniciativa solamente es para el magisterio y en particular, los maestros de educación pública en concreto, esto no quiere decir que excluyamos también de lo que puedan vivir los docentes que están contratados en escuelas particulares, pero sí enfocarlo si hay el mayor número de maestros de población educativa en las públicas y que es donde estamos viendo una realidad muy concreta en particular”
Durante el foro en Pedro Escobedo, que contó con la presencia del alcalde Alberto Nava y legisladores locales y federales, se subrayó que la docencia es la piedra angular para las nuevas generaciones. El diputado Piedragil explicó que la reforma pretende impactar desde el nivel preescolar hasta el superior, atendiendo lo que describió como una «sintomatología social» que vulnera los derechos de los educadores.
“Lo que se pretende es que todo el sector educativo desde el preescolar hasta el superior, porque sostengo que es la sintomatología de un tema social que estamos atravesando y que implica a todo el sector educativo en todos sus niveles. Lo que pretende es eso, sobre un tema en particular, un objetivo particular y una población en particular para resguardar sus derechos, qué es lo que estamos trabajando, tomamos este asunto dónde están los docentes que también forman parte, que está en el sector privado”
En la jornada realizada en Corregidora, se clarificó que la propuesta implica modificaciones tanto al Código Penal como a la Ley de Educación local. La meta es establecer un equilibrio justo que no descuide el interés superior de la niñez, pero que proporcione apoyo legal y psicológico integral a los maestros ante procesos administrativos o judiciales que carezcan de fundamento real.
“Es un derecho individual particular, por eso se modifica el Código Penal y la Ley de Educación. Aquí estamos salvaguardando las garantías individuales y en particular de los docentes, de los maestros, es un derecho de los trabajadores al servicio de la educación de cualquier nivel, es la garantía plena individual de esos derechos de los maestros”
La gira de trabajo continuará en los próximos días por municipios como Huimilpan, Amealco, Colón y Cadereyta, entre otros. El proceso de consulta ciudadana concluirá a finales de abril con un foro magno en la sede del Congreso del Estado, donde se integrarán las conclusiones finales para la dictaminación de la ley.