La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, indicó que los hechos en Sinaloa requieren la revisión de los procedimientos judiciales en el país. La legisladora señaló que los servidores de gobierno deben someterse a la ley y las dependencias deben operar sin fines políticos o de carácter personal.
“México necesita instituciones fuertes, autónomas y capaces de investigar a cualquier persona, independientemente de su partido, cargo o cercanía con el poder. Ante una acusación seria, la respuesta no puede ser el encubrimiento; debe ser la investigación y la rendición de cuentas”.
El pronunciamiento ocurre tras los cargos presentados por autoridades en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y trabajadores de Sinaloa por delitos de narcotráfico y actos de corrupción. Arredondo Ramos mencionó que el caso exhibe una crisis de gobierno, luego de que el funcionario solicitó licencia de 112 días, intentó retomar la gubernatura y se separó del puesto.
Sobre el planteamiento del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para crear filtros de evaluación de candidaturas, la representante expresó disposición para el análisis de los lineamientos. Recordó que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro operan el sistema de declaración de no violencia, por lo que sugirió que las revisiones de antecedentes se apliquen a funcionarios en ejercicio de sus funciones.
La dirigente expuso estadísticas del Instituto Mexicano para la Competitividad que muestran que en 2025 el gasto de la corrupción por ciudadano fue de cinco mil 432 pesos, monto que refleja un incremento de 15 por ciento respecto a 2023. Ante las cifras, sugirió la modificación de los procesos de elección para las titularidades de contralorías y fiscalías, la integración de esquemas de vigilancia ciudadana y la conformación de protocolos para la actuación ante autoridades bajo indagatoria judicial.
“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”.
La representante de la organización reiteró el impulso a los esquemas de transparencia y fiscalización de recursos, al puntualizar que la rendición de cuentas y la presentación ante la justicia son obligaciones ineludibles en el servicio de la administración pública.