El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo al dictamen de la Comisión de Reforma Político-Electoral que propone la creación de la Comisión de Integridad de Candidaturas. La bancada tricolor argumentó que este nuevo organismo no cumple con el objetivo de combatir la corrupción ni de evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
De acuerdo con el posicionamiento del partido, la propuesta contempla que este nuevo órgano se integre por consejeros del Instituto Nacional Electoral y reciba el apoyo de dependencias federales como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera. El bloque opositor señaló que dicha estructura carece de imparcialidad debido a la alineación de estas instituciones con el gobierno en turno.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos fijó la postura oficial de su partido ante esta iniciativa.
«La creación de una Comisión de Integridad de Candidaturas representa un doble juego. Lejos de garantizar imparcialidad, este mecanismo abre la puerta a procesos selectivos y persecutorios, pues quienes darían el visto bueno están alineados al oficialismo o incluso vinculados al crimen organizado. Este esquema voluntario estigmatiza a los partidos que decidan no someterse a revisión, vulnerando el principio de autodeterminación y convirtiéndose en un instrumento de persecución política. Se trata de un intento más de manipular la opinión pública y de debilitar la pluralidad democrática. El PRI no avalará una reforma que pone en riesgo la libre competencia electoral y la seguridad jurídica de los contendientes.»
La representación legislativa de este partido político afirmó que la medida bajo análisis debilita la competencia democrática y afecta la certidumbre de las personas que participan en las elecciones. En contrapropuesta a este proyecto, el grupo parlamentario planteó el establecimiento de sanciones que impidan de manera permanente el ejercicio de cargos públicos a los políticos y servidores públicos que mantengan vínculos con organizaciones delictivas.
