La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró una contundente sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Joana “N”, quien orquestó un elaborado esquema de fraude en la venta de vehículos. La ahora sentenciada utilizaba identidades falsas para comercializar unidades con reporte de robo y documentación apócrifa a través de diversas plataformas digitales, engañando a múltiples compradores en la zona metropolitana de la entidad.
Durante el año 2021, la mujer se hizo pasar por distintas personas para no levantar sospechas, ostentándose bajo los nombres de Angélica, Blanca, Janeth Yazmín y Araceli. Con estas fachadas lograba concretar las ventas fraudulentas por delitos de fraude específico y fraude genérico, recibiendo fuertes cantidades de dinero por parte de sus víctimas. El engaño quedaba al descubierto tiempo después de la transacción, cuando los compradores confirmaban que las unidades adquiridas contaban con reportes de robo vigentes y que todos los papeles entregados eran completamente falsos.
Las exhaustivas investigaciones realizadas por las autoridades lograron establecer que la imputada estaba relacionada con al menos siete carpetas de investigación que compartían exactamente el mismo modus operandi. Al verse acorralada por la contundencia de las pruebas durante su proceso legal, Joana “N” aceptó plenamente su responsabilidad en los hechos imputados.
Esta admisión de culpa permitió a la autoridad judicial autorizar la terminación anticipada del proceso mediante un procedimiento abreviado, en una audiencia celebrada el pasado 22 de junio de 2026. El peso de la ley cayó sobre la defraudadora con una condena estricta, negándole cualquier tipo de beneficio sustitutivo de la pena.
Además de las dos décadas de privación de la libertad, el juez dictaminó el pago de mil días de multa y la obligó a cubrir la reparación del daño por una cantidad que supera el millón de pesos en favor de tres de las víctimas acreditadas en el caso. Finalmente, la resolución legal también incluyó una amonestación y la suspensión absoluta de todos sus derechos civiles y políticos mientras cumple su condena.