El senador Agustín Dorantes Lámbarri sostuvo un encuentro con comisariados ejidales, ganaderos y productores rurales en el municipio de San Juan del Río para evaluar las implicaciones de la Ley de Aguas Nacionales. Durante la reunión, los trabajadores del campo expusieron inquietudes sobre la operatividad de los derechos de explotación de agua y la gestión de los recursos hídricos en la región.
El representante legislativo señaló que la postura de su grupo parlamentario fue de oposición a dicha ley, bajo el argumento de que la normativa centraliza facultades administrativas y omite soluciones de fondo para la captación y distribución del recurso. La discusión técnica se centró en la importancia de equilibrar el consumo humano con el agua necesaria para la producción de alimentos y la actividad industrial.
«Todos estamos de acuerdo en que lo más importante es el agua para el consumo humano, ¿todos están de acuerdo? Siii. ¿No? Pero eso no significa que el agua para la producción de alimentos no sea importante, también es importante. Y el agua para la industria y la generación de empleo también es importante. Entonces, desde mi punto de vista lo que tendría que hacer el gobierno es gestionar mejor el agua. Sistemas para aprovechar mejor el agua, desperdiciar menos, por ejemplo, tecnificar el campo, hemos dejado de tener programas para tecnificar el campo, o sea, prácticamente ya no hay apoyos federales para la tecnificación del campo, y eso hace que aprovechemos mejor el agua, que consumamos más agua y que produzcamos menos».
Los productores rurales manifestaron la ausencia de programas federales destinados a la tecnificación del riego, situación que incide en el desperdicio de agua y en los niveles de productividad de las siembras. El sector primario reportó que las nuevas disposiciones legales generan gastos adicionales para la obtención de permisos, lo que compromete la viabilidad económica de las unidades de producción.
«Entonces, quiero llevarme una radiografía de qué se hace bien, de qué se hace mal en los distintos órdenes de gobierno y qué proponen ustedes para que se haga mejor. Esto me va a servir a mí pues porque yo puedo ser su voz ante las autoridades, o si en algún momento tengo la oportunidad de tomar decisiones de política pública, entender bien cuál es la sensibilidad del campo, qué se necesitaría para darles realmente un empujón al campo».
El legislador se comprometió a actuar como enlace ante las autoridades federales para la etapa de reglamentación de la ley, la cual permanece pendiente. El proceso de diálogo busca integrar un diagnóstico sobre las necesidades del campo para proponer ajustes en las políticas públicas que permitan el aprovechamiento del agua mediante infraestructura tecnológica y apoyo directo a los productores locales.