En un golpe sin precedentes a la estructura política y de seguridad en México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
El fiscal federal Jay Clayton y la administración de la DEA sostienen que esta red de corrupción convirtió a las instituciones públicas de Sinaloa en un brazo logístico y de protección para la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cartel de Sinaloa, facilitando la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York alega que el ascenso al poder de Rocha Moya en 2021 fue impulsado directamente por la organización criminal mediante campañas de intimidación y el secuestro de rivales políticos. Una vez en el cargo, el mandatario habría mantenido reuniones con líderes del cartel para garantizarles impunidad operativa a cambio de apoyo financiero continuo.
La investigación detalla que la estructura gubernamental funcionaba como un escudo legal y sistema de alerta temprana, donde figuras clave como el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra presuntamente recibían pagos mensuales de 11,000 dólares por filtrar información sobre operativos de seguridad.
Entre los señalados también figuran Enrique Inzunza Cázarez y el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, a quien se le imputan cargos adicionales por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y su familiar en 2023.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, fue enfático al señalar que el Cartel de Sinaloa sobrevive gracias a esta complicidad sistémica, mientras que el caso, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, marca una estrategia más agresiva de Washington para desmantelar las redes de apoyo político de los carteles transnacionales.
Aunque los acusados se encuentran actualmente en México y se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el proceso legal ya perfila solicitudes formales de extradición. De ser hallados culpables, los implicados enfrentan sanciones sumamente severas que van desde una pena mínima obligatoria de 40 años hasta la cadena perpetua, subrayando la gravedad de lo que las autoridades estadounidenses califican como uno de los casos de narcocorrupción más profundos detectados en la historia reciente de la relación bilateral entre ambos países.
