La diputada federal y presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, advirtió sobre los posibles riesgos para la libertad de expresión derivados de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet.
La Cámara de Diputados aprobó el 7 de octubre, en lo general y posteriormente en lo particular, el dictamen que establece nuevas obligaciones y supuestos de responsabilidad para proveedores de servicios de internet ante infracciones a derechos de autor cometidas por usuarios.
Arredondo Ramos señaló que ninguna reforma debe convertirse en un mecanismo para limitar las voces críticas, el derecho a disentir o la participación de la ciudadanía en el debate público.
“La libertad de expresión no le pertenece a un gobierno ni a un partido político; le pertenece a la gente. Es un derecho que debemos defender con firmeza, porque una democracia sin voces críticas deja de ser una verdadera democracia”.
La legisladora consideró que las nuevas disposiciones podrían generar riesgos si los proveedores de servicios digitales asumen responsabilidades sin contar con garantías suficientes para proteger los derechos de los usuarios.
El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre otros aspectos, contempla que los proveedores de servicios de internet cuenten con políticas para la terminación del servicio a usuarios reincidentes en infracciones y establece sanciones por incumplimiento.
“Antes se buscaba responsabilizar a los periódicos por las críticas publicadas; hoy debemos evitar que los proveedores de servicios digitales terminen convertidos en vigilantes o censores de lo que expresan los ciudadanos. La tecnología ha cambiado, pero nuestra obligación de proteger las libertades sigue siendo la misma”.
Arredondo Ramos sostuvo que cualquier modificación relacionada con las plataformas digitales debe incluir reglas claras, mecanismos de defensa y transparencia, además de respetar los derechos constitucionales.
También señaló que la protección de los derechos de autor no debe utilizarse para establecer restricciones que afecten la crítica política, el periodismo independiente o la participación ciudadana.
“Criticar no es un delito, disentir no es una amenaza y señalar los errores de un gobierno es parte esencial de nuestra democracia. México necesita instituciones que escuchen a la ciudadanía, no mecanismos que puedan utilizarse para silenciarla”.
La reforma fue defendida por legisladores de Morena y sus aliados bajo el argumento de actualizar el marco jurídico para proteger los derechos de autor en el entorno digital y establecer reglas de responsabilidad para los proveedores de internet. La oposición, en contraste, cuestionó sus posibles efectos sobre la sátira, la parodia y la crítica política.
La presidenta estatal del PRI afirmó que su partido mantendrá una postura en defensa de la libertad de expresión, los contrapesos institucionales y la pluralidad política, y llamó a las distintas fuerzas políticas a revisar las implicaciones de las nuevas disposiciones.
“En el PRI seguiremos levantando la voz cada vez que estén en riesgo nuestras libertades, nuestras instituciones y nuestra democracia. No vamos a renunciar al derecho de cuestionar, de proponer y de defender a las mexicanas y los mexicanos. Una sociedad libre necesita ciudadanos que puedan expresarse sin miedo”.