El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro ofreció una conferencia de prensa para fijar su postura en torno a la controversia por la Ley de Identidad de Género, aprobada por la mayoría legislativa el pasado treinta de abril. La bancada de representación mayoritaria señaló que el partido Acción Nacional inició una estrategia de comunicación basada en escenarios inexistentes con el propósito de adelantar los tiempos electorales de cara a los comicios del año dos mil veintisiete.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, los legisladores de la fuerza política mayoritaria explicaron que el proyecto aprobado se limita estrictamente a otorgar el reconocimiento de identidad de género a personas mayores de dieciocho años de edad. Las representaciones legislativas aclararon que el marco normativo bajo análisis no contempla disposiciones relativas a menores de edad, uso de sanitarios públicos ni regulaciones sobre ligas o competencias deportivas, temas que calificaron como argumentos utilizados para distorsionar el fondo del dictamen.
El diputado Homero Barrera Mc Donald intervino para señalar un cambio en la postura adoptada por la administración estatal respecto a las facultades del Poder Legislativo.
“El problema ya no es la ley, el problema es que decidieron arrancar una campaña política electoral adelantada. Cuando se discutía el proyecto de El Batán, el Ejecutivo decía que sería respetuoso de lo que decidiera la mayoría del Congreso. Hoy cambió totalmente el discurso y se radicalizó hacia posiciones de ultraderecha que ni siquiera corresponden a su perfil político”
La coordinación de la fracción parlamentaria de Morena, encabezada por Arturo Maximiliano García, expuso que las observaciones remitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado no cuentan con soporte legal y representan una confrontación directa hacia el resultado de los comicios de dos mil veinticuatro, donde su partido obtuvo el triunfo en diez de los quince distritos locales. Asimismo, se reportó que la iniciativa aprobada formaba parte de un listado de acuerdos formales firmados previamente por las distintas fuerzas políticas para destrabar el trabajo en las comisiones del Congreso.
El coordinador Arturo Maximiliano García detalló las circunstancias que rodearon las negociaciones previas entre los grupos parlamentarios.
“Se incumplió el acuerdo y más grave aún, se incumplió la palabra. Existían documentos firmados y avalados con testigos de honor. Hicimos política, sabemos dialogar y defendemos los derechos de quienes representamos. Somos mayoría, pero también defendemos a las minorías, como corresponde en toda democracia. Hacer política también significa respetar la palabra, con firmas o sin firmas. Y en este caso sí las había”
La representación parlamentaria indicó que el procedimiento administrativo sigue en desarrollo dentro de los plazos legales correspondientes. Los integrantes del bloque mayoritario manifestaron que mantendrán la defensa de las reformas orientadas al cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, haciendo un llamado a las demás fuerzas políticas a excluir los derechos civiles de las estrategias de competencia partidista.