En medio de una creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos, la presidenta de la República emitió un mensaje dirigido al pueblo de México tras revelarse acusaciones contra 10 ciudadanos mexicanos por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el pasado 28 de abril solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación nacional.
Un día después, autoridades estadounidenses hicieron pública una acusación formal contra funcionarios mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, un senador y un alcalde, lo que generó un reclamo por parte del gobierno mexicano debido a la naturaleza confidencial de estos procesos.
“Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”
La FGR informó que analizará a detalle la documentación recibida para determinar si existen elementos suficientes que permitan proceder legalmente en territorio nacional, además de iniciar una investigación paralela para verificar la validez de los señalamientos.
“Es obligación de la Fiscalía analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios”
En su mensaje, la mandataria subrayó que su gobierno actuará con apego a la ley, sin proteger a nadie en caso de comprobarse responsabilidades.
“Nosotros no vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”
Sin embargo, también advirtió que, en caso de no existir pruebas contundentes, las acusaciones podrían responder a intereses políticos, postura que ha reiterado ante la gravedad del caso.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”
La presidenta enfatizó que México mantendrá una relación de respeto e igualdad con otras naciones, dejando claro que no se permitirá ningún tipo de injerencia extranjera en asuntos internos.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”
Este caso ha generado una crisis política y diplomática sin precedentes recientes, luego de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, situación que ha sido rechazada por el gobierno federal mientras exige pruebas claras.
La postura oficial se resume en tres ejes: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional, en un contexto que pone a prueba la cooperación bilateral y el respeto entre ambos países.